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Molestia sindical

Aseguran que fueron excluidos del proceso de la redacción de la nueva ley de incentivos.

Por The Associated Press

 

SAN JUAN – La Federación de Trabajadores y Trabajadoras de Puerto Rico (FTPR/AFL-CIO) denunció que el sector laboral, entre otros, fue excluido del proceso de redacción de la llamada Ley de Incentivos Industriales presentada la semana pasada en la Legislatura con el beneplácito bipartita.

 

José Rodríguez Báez, presidente del sindicato, catalogó de “jaibería patronal” la inclusión en este proyecto de una enmienda a la Ley 379 sobre la jornada laboral de ocho horas diarias para que la misma pueda ampliarse a 10 horas diarias en una semana de cuatro días y evitarse el pago de horas extras.

“Como quien no quiere la cosa, las organizaciones patronales, que son quienes verdaderamente redactaron este proyecto, tratan de colar una enmienda que ha sido previamente derrotada, para alterar la jornada laboral como lo establece la Constitución del ELA. Esto es una listería que demuestra el espíritu codicioso y clasista con que negociaron la radicación de este proyecto”, aseguró Rodríguez Báez.

“Solamente se consultó y adoptó el lenguaje del sector patronal, excluyendo del proceso a organizaciones sindicales, ambientales, cooperativistas de comunidades y otras que interesamos aportar a la elaboración de una nueva política de desarrollo económico para el país”, afirmó en un comunicado.

 

Según Rodríguez Báez, en la pieza legislativa, “se hace un catálogo de exenciones y créditos a empresas extranjeras y nativas en donde se reitera la visión patronal de reducir la aportación al erario de las grandes empresas como estrategia para atraer inversiones a la economía del país”.

 

“No nos oponemos a los esfuerzos por atraer inversiones e industrias que aporten al desarrollo de Puerto Rico, pero las ofertas tienen que ser justas, razonables y mutuamente ventajosas, para el capital y para el pueblo puertorriqueño”, añadió.

 

Criticó “la exigua” contribución sobre ingresos que se le garantiza a las corporaciones, de un 4% a un 2%, además de un abultado listado de créditos y exenciones que disminuyen su aportación al fisco, lo que repercutirá en aumentar la carga contributiva a la clase asalariada.

 

“De aprobarse esta legislación, como está, se profundizará la desigualdad en la aportación al erario. Las grandes corporaciones aportarán menos y el salario del trabajador será, nuevamente, gravado para cuadrar los compromisos presupuestarios del gobierno”, advirtió.