Pa’ atrás con los derechos laborales
lunes, 11 de octubre de 2010
Maritza Díaz Alcaide / Primera Hora

“Peores las leyes federales que las estatales para los empleados boricuas”.

El Gobierno ya no habla de “reforma laboral” sino de adecuar las Leyes de Puerto Rico a las de Estados Unidos.

Si eso pasa, un profesor de relaciones laborales de la Universidad Puerto Rico y un abogado del sector obrero advierten que el país le habrá dado marcha atrás al desarrollo de una legislación laboral que se diseñó para evitar la explotación de los trabajadores puertorriqueños

Con leyes parecidas a las de Estados Unidos, según el profesor Jorge Añeses y el abogado Alejandro Torres Rivera, los empleados boricuas perderían innumerables beneficios.

Del otro lado de la controversia el sector privado reclama, sin embargo, que urge una reforma porque el país se ha inhabilitado a sí mismo para crear nuevos empleos y que el efecto acumulado de la legislación laboral es “tan asfixiante” para los patronos que Puerto Rico ha dejado de ser un lugar atractivo para invertir y hacer negocios.

Mientras se da ese pulseo, el gobierno de Luis Fortuño se reserva por el momento el contenido de lo que ahora sólo se proyecta como “enmiendas” a algunas leyes obreras.

La compañía Gaither, a comisión del Gobierno, reunió a una serie de grupos focales para auscultar la posibilidad de flexibilizar el flexitime con una semana comprimida de trabajo de cuatro días a la semana, de diez horas diarias y sin pago de horas extras; que a los empleados recién reclutados se les imponga un periodo probatorio de un año y no de tres meses, y que el bono de Navidad se reduzca de $600 a $200 y se use como un bono de productividad.

“Eso es inconcebible. Asemajar las leyes locales a las federales es quitarle beneficios a los empleados. Puerto Rico es uno de los países del hemisferio con más leyes protectoras de sus trabajadores, desde mucho antes de la creación del Estado Libre Asociado”, dijo Añeses al explicar que aquí hay leyes que no existen a nivel federal ni en ninguno de los 50 estados de Estados Unidos.

Uno de los derechos más importantes, el de las ocho horas de trabajo, en la Isla se reconoce como uno constitucional, mientras que en Estados Unidos lo que prevalece es la jornada de 40 horas semanales a través de legislación que puede ser enmendada.

Añeses argumenta que, de aprobarse la semana comprimida de trabajo, esa acción sería inconstitucional si no provee para el pago de horas extras a partir de las ocho horas trabajadas.

Sobre el mismo tema, el abogado laboral Alejandro Torres Rivera señaló que de acuerdo con la Ley 379 de Jornada de Trabajo, la prerrogativa de un trabajador de devengar compensación adicional es irrenunciable.

Si se le da paso a la propuesta del Gobierno, advirtió, “se eliminaría el único impedimento existente para, sin enmendar la Constitución, allanar el camino a esa renuncia de la compensación extra por horas extras”.

“Lo que estamos viendo es que el Gobierno va en la ruta de desmantelar nuestras leyes obreras”, dijo Torres Rivera.

El sector privado insiste en aumentar el periodo probatorio de los empleados hasta un año y eso, según Añeses, implica que a esos trabajadores los tratarán como transitorios. “Muchos patronos lo que harán es botar a esos empleados a los once meses y medio del reclutamiento. Es un artimaña empresarial para evitar darles permanencia y seguridad de empleo”, sostuvo.

Torres Rivera agregó que el problema con esa propuesta es que en ese periodo no acumulan ni licencias de vacaciones ni de enfermedad. Estos empleados tampoco tendrían derecho a éstas durante ese año ni a cobrar por ese concepto si los despiden.

La legislación obrera de Puerto Rico también protege contra despidos injustificados, en la medida en que se obliga a la compensación si el despido se lleva a cabo sin justa causa.

Las empresas en Estados Unidos no tienen que enfrentarse a ese inconveniente. Allá, dijo Añeses, impera el concepto de employment at will, lo que quiere decir “que si te botan te vas con lo acumulado de vacaciones”.

Sobre las limitaciones al bono de Navidad, Añeses puntualizó que éste es criatura del ex gobernador Luis A. Ferré y que a un gobierno novoprogresista le será difícil modificarlo.

“Todas las reacciones son prematuras. Ni siquiera se ha presentado un proyecto de ley para ver qué méritos tienen las propuestas”, sostuvo ante las críticas el asesor legal de la Coalición del Sector Privado, el licenciado del bufete O’Neill y Borges, Jorge Capó.

Para la semana comprimida, dijo, no hace falta enmendar la Constitución porque, en el caso A.D. Miranda v. Falcón, el Supremo resolvió que le corresponde a la Asamblea Legislativa identificar cuáles empleados están cobijados por la disposición de las ocho horas.

Ante ese argumento, Torres Rivera ripostó que la Legislatura no puede hacer exenciones a tal punto de que la obligación constitucional sea letra muerta.

De la mesada por despido injustificado, Capó explicó que lo que se solicita es que se modifique la manera de computar la compensación con un tope máximo y que no se produzca “un brinco significativo” entre lo que se les paga a los trabajadores con cinco y quince años en el empleo.

“En Puerto Rico, se decidió aplicar automáticamente el salario mínimo federal; se deben modificar también nuestras leyes para que tengan la flexibilidad de las leyes federales. En todos los estados la concesión de vacaciones, licencias por enfermedad y bonos se hace voluntariamente por los patronos a base de la situación económica de la empresa y su tamaño, productividad y años de servicios del trabajador”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio, Raúl Gayá.

Gayá rechazó vehementemente que la intención de extender a un año el periodo probatorio se deba al interés de despedir empleados nuevos antes de este término.

“A ninguno de nosotros nos conviene contratar para botar porque hacemos una inversión en ese empleado”, insistió.

Cuando se le preguntó sobre el temor de que la jornada de diez horas ocasione un disloque social, dijo que “ahora mismo hay un disloque bastante grande en la familia puertorriqueña por el desempleo”.

Sobre el hecho de que las enmiendas a la Ley de Cierre no han producido más plazas de trabajo, acotó que el problema de esa legislación es que se “quedó a medias”.

“(Si la reforma) crea uno, dos o tres empleos (más), no sé. Pero sí colocaría a Puerto Rico en una posición más atractiva para traer más inversión a la Isla”, dijo.

Enlaces relacionados: